Senadores kirchneristas quieren blindar a CFK de las críticas en los medios de comunicación

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Cristina Kirchner (AFP)

La senadora chubutense Nancy González presentó en los últimos días de abril un proyecto para incorporar la causal de “violencia política” a la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.

Si bien la iniciativa surge como una herramienta para la consagración de los derechos de las mujeres en la política, hay un punto que pareciera haber sido diseñado para blindar a la ex presidente Cristina Elisabet Kichner de críticas mediáticas y políticas.

Se trata del inciso g, del artículo 6 de la propuesta para modificar la ley 26.485, que define la violencia pública-política contra las mujeres como aquella que “mediante métodos de presión, persecución, acoso y/o amenazas impide o limita sistemáticamente el desarrollo propio de la vida política o el acceso a derechos y deberes políticos, desalentando o menoscabando el ejercicio político o la carrera política de las mujeres, pudiendo ocurrir en cualquier espacio de la vida pública o política“.  Esto incluye a “instituciones estatales, recintos de votación, partidos políticos, organizaciones sociales o sindicales o medios de comunicación“.

Expertos y senadores de otros bloques creen que de aprobarse el proyecto podría incurrirse en una clara afectación de la libertad de expresión porque es muy difícil delimitar cuándo las críticas deben ser consideradas como un ataque de género y cuándo no.

El texto fue presentado en una conferencia de prensa en donde se aludió en varias oportunidades a la “violencia política” de la cual es “víctima” Cristina Kirchner.  Y en los fundamentos hay varios párrafos que aluden a ella sin nombrarla.

La violencia política está dirigida específicamente a mujeres que han sido elegidas por el voto popular con el fin de detrimento de su imagen, honor, decisiones, prácticas ciudadanas y derechos políticos. Por lo tanto, esta modalidad además de vulnerar a las mujeres afecta directamente a la calidad de nuestra democracia“, justificó la iniciativa que también lleva las firmas de María Labado, María de los Ángeles Sacnun, Marcelo Fuentes, Anabel Fernández Sagasti, María Pilatti Vergara y Virginia García.